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Programa Casas de Justicia

El programa Casas de Justicia , tiene como objetivo principal promover una cultura para la paz mediante la resolución pacífica de los conflictos. Ello pretende lograrse, por medio de la creación de dichos centros de asistencia comunal en cooperación con municipalidades, universidades u otras instituciones públicas o privadas, a quienes se les ofrece asistencia técnica, la cual incluye la asesoría para el montaje de las Casas de Justicia y su divulgación, colaboración en la formación del recurso humano necesario, proporcionamiento de materiales básicos de trabajo ( computadoras, escritorios, mesas, sillas, libreros etc), factores todos, que garanticen la sostenibilidad de las casas. Por su parte, la entidad participante en el programa, en términos generales, se encarga del aporte de infraestructura, pago de un director encargado de la casa, así como de los gastos básicos de la misma ( electricidad, agua etc ). Asimismo, es común la participación de las universidades por medio de estudiantes de derecho y psicología, o bien de respetados miembros de la comunidad, quienes previa preparación en materia de conciliación, podrán desempeñarse como mediadores de las Casas de Justicia.

Este programa se creó en el año 1998, como respuesta a la preocupación del Ministerio de Justicia ante el aumento de la violencia en las comunidades, la falta de opciones para que las personas resuelvan pacíficamente sus conflictos y la congestión que viven los Tribunales de Justicia. Esto último a pesar de los grandes esfuerzos que realiza la Corte Suprema de Justicia para agilizar los trámites judiciales y mejorar el acceso a la justicia. A lo largo de su ejecución, ha contado con la ayuda financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Fundación para la Cooperación Estatal (FUCE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Fundación Costa Rica - Estados Unidos de América para la Cooperación (CRUSA), así como fondos del Ministerio de Justicia y Gracia.

Durante la primera etapa del programa (1998-2000), se contó con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se creó por medio de un Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Universidad Latina de Costa Rica, la primera Casa de Justicia , la cual se encuentra en la sede central de dicha Universidad ubicada en San Pedro de Montes de Oca. Esta Casa de Justicia fue autorizada el 24 de enero del 2000. La Universidad Latina fue seleccionada mediante invitación abierta hacia algunas municipalidades, así como a todas las Universidades que ofrecieran la carrera de Derecho y contaran con Consultorios Jurídicos.

Esta primer Casa de Justicia , ha funcionado bajo un esquema de integración de servicios de mediación y de asesoría legal gratuita. En ella participan estudiantes de la Universidad Latina, en su gran mayoría estudiantes avanzados de derecho.

En una segunda etapa del citado programa, que abarca el año 2000 y el primer semestre del año 2001, se contó con recursos donados por la Fundación Costa Rica - Estados Unidos de América para la Cooperación (CRUSA), y posteriormente por la fundación para la Cooperación Estatal (FUCE). En esta segunda etapa, se logró la apertura de las Casas de Justicia de la Municipalidad de Mora y de la Municipalidad de Puntarenas, esto, durante el mes de octubre del 2000. En ambos casos se contó con mediadores miembros de la comunidad, así como estudiantes de derecho no sólo de la ULACIT, sino también de la Universidad Hispanoamericana, ULATINA, y Universidad de Costa Rica.

A pesar de los grandes esfuerzos realizados por la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, no fue posible mantener abierta la Casa de Justicia de la Municipalidad de Puntarenas.

Las Casas de Justicia , procuran brindar asesoría y orientación a las personas que tienen un conflicto, esto, a través de un breve diagnóstico de la controversia a fin de determinar sus posibles vías de solución, siendo la propia de la casa, la vía de la mediación. Una vez valorado el conflicto por un profesional, se orienta a la persona sobre sus posibles soluciones, las cuales pueden ir desde la referencia del caso a una institución especializada en el tipo de conflicto (por ejemplo el Ministerio Público, cuando existe un posible delito; el Patronato Nacional de la Infancia, si está involucrado el interés de un menor; el Ministerio de Economía, si es materia de protección al consumidor, etc.), hasta la atención directa a través de la mediación, servicio que se ofrece en las Casas de Justicia .

Si el asunto es mediable, para lo cual se atiende a criterios de patrimoniabilidad, disponibilidad y voluntad de las partes en conflicto, se refiere el caso para someterse a un procedimiento de mediación y se le asigna un mediador, quien colaborará con los participantes del conflicto, a fin de arribar a una solución que satisfaga, al menos en su mayor parte, los intereses de todos los involucrados.