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Principales Acciones

c. Distribuidores de Material Impreso

Este apartado se refiere a la calificación que la Comisión debe emitir a todo material impreso de carácter pornográfico que es sometido a su análisis y valoración, previo a su distribución y comercialización en el territorio nacional. Esta valoración tiene por objetivo verificar que personas menores de edad no aparezcan en dicho material ni tengan acceso al mismo cuando este se distribuya y se comercialice. Lo anterior se realiza en cumplimiento de la normativa nacional e internacional de combate a la explotación sexual infantil.

El importador principal de material impreso para adultos es la Agencia de Publicaciones de Costa Rica S. A. que regularmente tramita para calificación un promedio de ocho ejemplares semanales y se trata de publicaciones con un formato de revista diseñada e impresa en el extranjero con un contenido de tipo pornográfico.

A nivel nacional existen algunas empresas dedicadas a la producción y comercialización de material impreso de tipo pornográfico, las que igualmente deben cumplir con las normas establecidas para este tipo de material.

Por incumplimiento a las disposiciones y restricciones establecidas en la normativa, la Comisión ha debido activar procesos judiciales, de las que ya hay resoluciones y algunos casos se encuentran en proceso.

En lo que a material audiovisual para adultos se refiere, el formato se ha ido diversificando distribuyéndose en la actualidad en videocasete, en DVD, en CD-ROOM así como el acceso vía Internet.

No se incluye el material para adultos, impreso o en otro formato, que ingresa al país bajo la figura del contrabando, material que evade impuestos y cuya naturaleza puede ser muy diversa en contenido y que es absolutamente imposible para la Comisión estimar su cantidad y establecer regulaciones.

En la labor desarrollada hasta el momento, en lo que respecta a la regulación del material impreso estrictamente pornográfico, es de destacar el caso de la Revista Chavespectáculos cuyo empresario ha apelado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un fallo condenatorio emitido en su contra por una autoridad judicial costarricense, alegando violación a la libertad de prensa y censura previa. Ello ha hecho necesario que la Comisión aclare ante este Órgano Internacional sus alegatos y la naturaleza legal de las acciones emprendidas por esta instancia del Estado.