La Convención Anticohecho es un acuerdo legalmente vinculante donde, los países que se unen, acuerdan establecer como delito el soborno de un servidor público extranjero en su legislación nacional e implementar políticas efectivas para su prevención, detección, investigación y sanción. Esta Convención es el primer y único instrumento internacional anticorrupción que se enfoca en el lado del oferente del soborno, es decir, la persona o entidad que ofrece, promete u otorga una dádiva o beneficio.

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Costa Rica, se ha sometido a dos fases de evaluación, la Fase I se centró en una revisión profunda de las leyes nacionales y otras medidas legales del país para implementar la Convención Anticohecho y asegurar que se cumplan sus altos estándares. Mientras que la Fase II supervisó la efectividad en la práctica del marco legislativo e institucional anti-soborno, esta incluyó una visita in-situ de una semana, en la cual, los examinadores de dos países parte de la Convención, Perú y Letonia, y autoridades del Secretariado de la OCDE se reunieron con diversos representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con representantes de la sociedad civil, sector empresarial, medios de comunicación y academia costarricense.

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Costa Rica, como miembro activo de la comunidad internacional, ajustó su ordenamiento jurídico a los requerimientos internacionales de la lucha contra la corrupción, especialmente los referentes a la Convención Anticohecho de la OCDE. Con la Ley N° 9699, se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas para diversos delitos relacionados con actos de corrupción, su procedimiento y sanciones.

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