Tercer Período 1993-2003:

Durante este se realizan esfuerzos para salir del período de “crisis”, sin embargo, contar con el presupuesto que requiere el Sistema Penitenciario sigue siendo el principal reto. Pese a esto, del año 2002 en adelante, los esfuerzos de centran en prioridades claramente establecidas: desarrollo de la Infraestructura Penitenciaria, modernización de la base legal del Sistema Penitenciario, profesionalización de la policía carcelaria y mejoramiento de las condiciones laborales de los funcionarios.

-A nivel Institucional se genera también a partir de 1993 un periodo de cambio ideológico, para pasar del modelo “progresivo, rehabilitador, clínico” al modelo de derechos que parte del reconocimiento del delincuente como un Sujeto de Derechos y la intervención profesional es vista como la vía para el acceso a esos derechos fundamentales, mediante diversos medios; se pasa de la represión a la prevención. Hacia 1997 surgen las primeras acciones para lograr el desarrollo de la infraestructura física en Limón, San Carlos, Liberia y Pococí.

Se combate con más fuerza la sobrepoblación, el problema de clasificación y se desarrollan más de 16 acciones grandes de infraestructura y muchas otras menores que permitió reducir la sobrepoblación a un 9%. También se desarrollan acciones para atender en forma especializada las poblaciones adultas de ambos sexos, mayores y menores de edad, incrementar los recursos humanos y reactivar la Escuela de Capacitación. Lo anterior nos da una posibilidad de desarrollar aún más el Sistema Penitenciario.

-A nivel nacional, durante este período se desata en el país una política criminal centrada en la represión, el castigo punitivo, el abuso de la pena privativa de libertad. Es un período en que se reduce los beneficios carcelarios como el descuento de la pena por trabajo, aumenta el período de prisionalización de toda la población, se aumentan los montos de sentencias en delito específicos, y a nivel general, pasamos de un tope de 25 a 50 años de prisión. Se crean nuevas figuras delictivas y se incrementa el uso de la pena de prisión preventiva. Lo anterior resulta en una sobrepoblación carcelaria peligrosa, que incluso llegó a superar el 35% a nivel general. Crece entonces la violencia y se empieza a manifestar contra los funcionarios penitenciarios por medio de secuestros o amenazas de muerte.

En forma contraria surge un movimiento garantista de los derechos fundamentales de la población privada de libertad, operatizada por la Sala Constitucional, la Defensoría de los Habitantes y por último, los Jueces de Ejecución de la Pena. Estos organismos abruman a los funcionarios del Sistema Penitenciario con resoluciones, muchas de ellas, fundamentadas en una supuesta violación de derechos humanos en las prisiones.

En teoría, esas instancias nacen para garantizar el respeto a las leyes nacionales, tratados internacionales aceptados por el país, pero depositan toda la presión en los funcionarios penitenciarios y no en la errónea política criminal que tiene el país, de la cual, también tienen responsabilidad otras instancias como la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y Judicial.