El cambio tecnológico en el sistema de monitoreo electrónico, el préstamo para Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el bloqueo de señal celular en los centros penitenciarios.
Esto fueron los principales temas que abordó esta tarde la Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, durante su exposición ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, encuentro que la jerarca solicitó al órgano legislativo para exponer temas relevantes para la cartera ministerial y el país.
Bloqueo de señal celular
“Tenemos un 75% de avance en la implementación del proyecto de bloqueo celular. Los expertos de las empresas proveedoras del servicio tienen que llegar a hacer las certificaciones necesarias y las calibraciones finales. Estos no han podido arribar al país debido a las restricciones tomadas por las autoridades de Salud ante emergencia sanitaria del Covid-19. El equipo en Costa Rica continúa en las pruebas, que han sido muy positivas”, explicó la jerarca.
Los equipos proveedores han trabajado a distancia, por lo que se ha aprovechado esa posibilidad, añadió Salazar.
La implementación se hará de manera paulatina hasta cubrir todos los centros del país. La instalación del equipo ya se dio en todos los centros, pero los expertos internacionales deben realizar las visitas a cada centro penal para la calibración final y la certificación.
Justicia y Paz está a atenta a las indicaciones del Ministerio de Salud en relación con llegada de personas no nacionales al país, para determinar cuándo podrían arribar los técnicos al país.
Reemplazo de los dispositivos electrónicos
La jerarca explicó a la Comisión aspectos generales de la modalidad de cumplimiento del monitoreo electrónico, en especial por una serie de mejoras en el modelo que van más allá de un cambio de tecnología como el que se anunció el viernes anterior.
A finales del año anterior, la cartera ministerial pidió a la ESPH “un sistema que incorpore dispositivos 3G con probada experiencia operativa en otros países, dado que la evidencia internacional apunta a la modernización, maximizando la posibilidad de comunicación continua. También una serie de mejoras a fin de que el sistema sea estable, tenga flexibilidad y mayor adaptabilidad”.
La ministra mencionó como mejoras integrales la consolidación de la identidad de la Unidad de Monitoreo y el traslado del equipo a un nuevo edificio con las condiciones necesarias para que tanto el personal policial como técnico puedan desarrollar sus actividades. Ahora cuentan con una central telefónica exclusiva, tanto para la atención de los privados como de los jueces, así como una mejor articulación con los otros cuerpos de seguridad del estado, como Fuerza Pública y Migración.
El horario de atención se amplió de 6:00 a.m. a 9:00 p.m y ahora se cuenta con un expediente único y un sistema que permite evacuar, de manera más expedita, las consultas de los jueces.
La jerarca también detalló el ahorro económico que el cambio de la tecnología de monitoreo le representa al país. Por ejemplo, con el sistema anterior se pagaban $17 diarios, contra los $12,3 diarios que se cancelarán de aquí en adelante. En total, el país ahorrará $2,7 millones al año.
“Se ha trabajado para la seguridad de la ciudadanía porque se implementa un sistema de vanguardia, que además representa un ahorro para el país. El ministerio está poniendo al servicio del país la experiencia acumulada que ya tenemos con el monitoreo”, enfatizó Salazar.
La ministra aclaró que para el Ministerio no hay un cambio de proveedor, ya que se mantiene como tal la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Lo que cambia es la tecnología y la empresa que provee esta tecnología a la ESPH es la firma inglesa Buddi.
“Al día de hoy, el 96% de los privados de libertad que tienen asignada la vigilancia electrónica ya cuentan con el nuevo dispositivo. Esto se debe, precisamente, a qu se conoce el paradero del 100% de las personas que tienen asignada esta modalidad, tanto así que ya se les realizó la visita a más de 1700 monitoreados”. Del 4% restante, se han encontrado por ejemplo personas en cuarentena por Covid19, por lo que el dispositivo les será cambiado una vez que hayan superado los temas de salud.
La jerarca también expuso las mejoras en cuanto a cobertura y conectividad de la nueva tecnología.
Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia
“La seguridad es una de las principales preocupaciones de los costarricenses. El objetivo de este programa es contribuir a la disminución de los homicidios, así como los comportamientos delictivos en los jóvenes en zonas de riesgo social”, explicó la ministra en relación con el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia que se impulsará con un préstamo del BID.
El empréstito por $100 millones se utilizará para la construcción de más de 30 delegaciones policiales y al menos ocho Centros Cívicos por la Paz (CCP), suscrito el pasado 17 marzo.
El nuevo programa se propone mejorar la efectividad policial para prevenir el delito en distritos priorizados y reducir los comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia.