El Ministerio de Justicia y Paz expuso ante los magistrados de la Sala Constitucional las medidas de prevención que esta cartera ha llevado a cabo para prevenir el contagio de Covid-19 en el sistema penitenciario.
La comparecencia se llevó a cabo de manera virtual. Por parte de Justicia y Paz comparecieron, además de la ministra del ramo, Fiorella Salazar Rojas, la viceministra de Gestión Estratégica, Diana Posada Solís; la viceministra Viviana Boza Chacón, la jefa de Servicios de Salud Penitenciaria, Dixiana Alfaro Alvarado; el director del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, Wilman Pérez; y la directora del Instituto Nacional de Criminología (INC), Jenny Umaña.
“Antes de que el Covid-19 apareciera en el territorio nacional, ya desde finales de febrero en el Ministerio de Justicia y Paz estábamos preparados para recibirlo. Tanto ha funcionado este plan que nos permitió enfrentar, de manera exitosa, la única cuarentena que hemos tenido en el sistema penitenciario, en la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos”, expuso la ministra Salazar.
El Ministerio tuvo listo, el 10 de marzo, una primera versión del Plan de Contingencia, un documento que se actualiza conforme a la evolución de la pandemia. La segunda versión data del 24 de abril y en ella se ahonda más en la definición de conceptos, responsabilidades y de diversos escenarios, entre estos la posibilidad de un contagio masivo.
“Hemos tomado medidas con la población privada de libertad, con las familias de esta, la Policía Penitenciaria, los proveedores y voluntarios que entran a los centros penitenciarios y la infraestructura. Estas amplias acciones le han permitido a Costa Rica ser uno de los pocos países del continente americano que no tiene casos positivos de Covid-19 en la población penitenciaria”, dijo la jerarca de Justicia y Paz.
La viceministra Diana Posada destacó el hecho de que el plan de contingencia se modifica de acuerdo con la evolución de la pandemia, siempre en concordancia con las recomendaciones de las autoridades de Salud y los lineamientos internacionales, lo que ha permitido actuar efectivamente en los centros penales.
“Hemos estado realizando una búsqueda activa y proactiva de casos sospechosos o que tengan afecciones respiratorias. Por eso, sobre todo en la clínica del CAI Jorge Arturo Montero, hemos dispuesto un espacio separado de la clínica para revisar y atender a todas aquellas personas que tengan este tipo de afecciones, así como horarios específicos para su atención. Todo esto precisamente para prevenir un contacto masivo entre la población penitenciaria”, explicó Posada.
También conversaron sobre acciones específicas como la instalación de lavatorios en diversos puntos, las campañas de limpieza de los centros penitenciarios, las charlas informativas para la población penal, los estrictos protocolos de chequeo y descontaminación vigentes para el ingreso del personal a los penales, el cierre a las visitas y la identificación de más 4.000 espacios para el posible aislamiento de personas privadas de libertad en todos centros penitenciarios del país.
La sesión fue convocada a raíz de un recurso de amparo presentado por un privado de libertad, quien alega sufrir un padecimiento de salud que considera factor de riesgo en caso de Covid-19. En respeto a su privacidad, no se brindan detalles sobre este respecto.
En la audiencia también participó el ministro de Salud, Daniel Salas, y el gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mario Ruiz. Estas autoridades destacaron la labor de coordinación, que comenzó inclusive antes de diagnosticarse el primer caso de COVID-19 en Costa Rica, el pasado 6 de marzo.
“Con este plan de contingencia se establecieron varias acciones preventivas y de minimización del impacto”, amplió el Ministro de Salud, Daniel Salas. Por su parte, el doctor Ruiz afirmó que “nunca antes habíamos trabajado tan coordinadamente como en esta pandemia”.
En la audiencia virtual, las autoridades del Ministerio de Justicia también destacaron los esfuerzos realizados en cuanto a infraestructura para disminuir la sobrepoblación en los centros penales.